Durante la mayor parte del siglo XX, el problema del libertarismo nunca fueron sus ideas, sino su postura. Los teóricos se mantenían al margen de la arena con los brazos cruzados, esperando a que los votantes llegaran por sí mismos a la libertad, tratando la filosofía política como una especie de religión de la no participación. Eso convirtió una de las críticas más agudas al poder del Estado en un truco de salón de seminarios. Mientras los puristas discutían sobre quién pavimentaría las carreteras sin un ministerio de transporte, quienes realmente querían el poder simplemente lo tomaron, se apoderaron del dinero, bloquearon el capital y dictaron los detalles más minuciosos de la vida cotidiana.
Para sobrevivir a la intervención estatal desenfrenada hay que abandonar la fantasía de mantener las manos limpias y renunciar a un despertar masivo que nunca va a llegar. Escribe Rothbard:
No veo ninguna otra estrategia concebible para alcanzar la libertad más que la acción política. La conversión religiosa o filosófica de cada hombre y mujer simplemente no va a funcionar; esa estrategia ignora el problema del poder.
El poder no responde a la lógica; solo cede ante el contrapoder, y esperar un cambio moral es una abdicación disfrazada de principio. Pero entrar en la arena crea su propia trampa. La teoría de la elección pública se aplica a los libertarios con la misma implacabilidad con la que se aplica a los estatistas: al asumir un cargo, inmediatamente se hereda un incentivo abrumador para conservarlo. Cualquier estrategia por la libertad que pase por el Estado debe resolver primero esa contradicción.
El anestésico del dinero fácil
Los puristas asumen que pueden argumentar hasta hacer desaparecer al Estado —que exponer las fallas de la economía keynesiana eventualmente obligará a los gobiernos a volver a una moneda sólida—. Eso malinterpreta por completo los incentivos. El dinero es el sistema de información que maneja una economía compleja, y la tasa de interés es el precio del tiempo: coordina lo que consumimos hoy con lo que construimos para el mañana. La banca central falsifica esa señal, diciéndole al mercado que los recursos son abundantes cuando en realidad son escasos.
La solución libertaria estándar consiste en dejar que la mala inversión se corrija por sí sola y que la recesión se agote por sí misma. Esa teoría choca con un costo humano que los puristas suelen ignorar: las espirales de deuda y deflación, las crisis de liquidez y el desempleo masivo destruyen vidas reales, y un público que sufre ese tipo de dolor no se mantiene paciente. Los votantes respaldan a quien prometa detener la hemorragia, razón por la cual las contracciones bruscas del mercado tienden a generar Estados más grandes en lugar de más pequeños.
Una estrategia de salida basada en una moneda sólida debe resistir el contacto con la democracia, lo que significa que no puede depender de provocar un colapso. Lo que se necesita, en cambio, es un conjunto de amortiguadores basados en el mercado construidos de antemano: monedas privadas que compitan entre sí, cámaras de compensación de banca libre, redes privadas de prestamistas de última instancia. Hay que ponerlos en funcionamiento primero, y solo entonces se podrán eliminar los monopolios de curso legal sin desencadenar el tipo de pánico que invita al Estado a volver a intervenir apresuradamente.
Gritar «¡abolir a la Fed!» hoy en día provoca principalmente una respuesta de inmunidad, lo que aleja a los trabajadores que más necesitan una moneda estable. Rothbard entendió esto: reconoció que insistir en una ausencia total del Estado de la noche a la mañana, al tiempo que se rechazaban las victorias parciales en el camino, equivalía a un suicidio estratégico.
...el abolicionista aceptará un paso gradual en la dirección correcta si eso es todo lo que puede lograr... siempre lo acepta a regañadientes, como un mero primer paso hacia una meta que siempre mantiene con total claridad.
Esperar la abolición total mientras se rechaza una reducción de impuestos o la derogación de una regulación no es pureza: es vanidad disfrazada de pureza. Una reducción parcial del poder del Estado no es un compromiso; es una cabeza de playa.
Tomar prestado el manual de estrategias del adversario
Los libertarios harían bien en estudiar cómo sus adversarios se apoderaron realmente de las instituciones. Los marxistas no lograron el dominio administrativo predicando el fin inmediato de la propiedad privada; llevaron a cabo una larga marcha a través de los centros culturales, educativos y administrativos, reinventándose como socialdemócratas, haciéndose pasar por defensores de la seguridad y expandiendo el poder del Estado al financiar burocracias con presupuestos masivos.
No podemos aplicar esa misma estrategia al pie de la letra, ya que ninguna burocracia votará a favor de su propia desaparición; tenemos que aplicarla a la inversa. Eso significa combinar incentivos directos para los contribuyentes con restricciones estructurales automáticas: reducir los impuestos sobre las ganancias de capital del oro y los activos digitales, legalizar la competencia monetaria, auditar a los bancos centrales y, luego, atar las manos del Estado administrativo con cláusulas de caducidad obligatorias y la eliminación de su autoridad para hacer cumplir la ley. No se puede convencer a un departamento de que se disuelva a sí mismo, pero sí se le puede retirar su presupuesto, devolver los ingresos a los contribuyentes y aprobar leyes de aplicación automática que hagan que el departamento sea innecesario.
Ese último paso es donde la privatización suele fracasar, y las transiciones poscomunistas de la década de 1990 son el ejemplo más claro. Los programas masivos de vales otorgaron a los ciudadanos comunes derechos sobre los activos del Estado, y un público en desesperada situación financiera los vendió rápidamente por dinero en efectivo a precios de ganga a quienquiera que tuviera capital. En menos de una década, la riqueza nacional se había consolidado en una nueva oligarquía.
La privatización debe crear una base de apoyo permanente a la propiedad privada, lo que significa diseñar el proceso desde el inicio para evitar un resultado oligárquico. En lugar de repartir vales líquidos que un fondo de cobertura puede absorber en una semana, se deben distribuir directamente a los ciudadanos fideicomisos de capital bloqueados e intransferibles, así como participaciones en los ingresos que generen rendimientos. Cuando millones de hogares reciben un dividendo mensual de lo que antes era un monopolio estatal, la renacionalización significa quitarles un cheque físico de las manos —y eso construye un muro más sólido contra la expansión del Estado que cualquier enmienda constitucional.
Cómo Wall Street domesticó la salida digital
La misma disciplina debe regir nuestras vías de escape digitales. Como argumenté en «Bitcoin no es libertad: la ilusión de la huida digital», las herramientas digitales no pueden eludir mágicamente el poder del Estado una vez que se renuncian a sus bases físicas. La verdadera batalla siempre se libró en torno a la fricción fiscal: los reguladores trataron cada transacción entre pares como un hecho imponible, convirtiendo las criptomonedas en una pesadilla de cumplimiento normativo y destruyendo su utilidad como dinero cotidiano. En lugar de gastar capital político luchando por exenciones para las microtransacciones o escudos legales, la industria cedió, desperdiciando su influencia al presionar por los ETF al contado y cambiando la independencia monetaria por comisiones de administración y un gráfico de precios fiduciarios que se ve más limpio.
Ese compromiso creó una versión moderna de la Orden Ejecutiva 6102, en virtud de la cual FDR ordenó a los americanos entregar su oro privado a la Reserva Federal en 1933 bajo amenaza de prisión. Esta vez, la entrega fue voluntaria: la industria concentró la custodia de un activo entre pares dentro de casas de bolsa reguladas, y el Estado ahora puede congelar esos activos con una sola orden judicial.
Reabrir la salida requiere construir una infraestructura sin custodia y de conocimiento cero que ninguna mayoría legislativa pueda citar judicialmente. Pero incluso ese software tiene un límite: el código no puede superar el monopolio estatal sobre la fuerza física, y no puede eludir el control estatal sobre las entradas y salidas del sistema bancario tradicional. Organismos como el GAFI existen en gran medida para excluir a las jurisdicciones no cooperativas de las redes de bancos corresponsales que todos eventualmente necesitan.
Una salida real debe combinar una criptografía sólida con lo único que el código no puede crear: la fricción geopolítica. Las rivalidades entre bloques de poder competidores son las que hacen que sea demasiado costoso para cualquier imperio por sí solo cerrar todas las puertas de una sola vez.
El precedente de Milei
La teoría acaba por chocar con la realidad, y el gobierno de Javier Milei es relevante en este momento precisamente por esa razón: no porque se haya convertido en un administrador impecable, sino porque utilizó el poder ejecutivo para despojar de discrecionalidad al cargo que ocupa. Los politólogos —siguiendo el concepto de «auto-obligación» de Jon Elster— llaman a esto un «dispositivo de compromiso»: Odiseo atado al mástil antes de que comience el canto, un mecanismo que el futuro no puede deshacer a la ligera.
Milei enfrenta intensas críticas desde dentro de su propia tradición. Los rothbardianos del Instituto Mises sostienen que gobernar a través de la presidencia, en lugar de disolverla, lo convierte, en el mejor de los casos, en un minarquista: un compromiso con el mismo aparato que juró destruir. Esa crítica merece ser escuchada con seriedad, pero no debe ocultar los datos subyacentes: Argentina no había registrado un superávit fiscal en catorce años y tenía una inflación superior al 211 por ciento. Esa cifra ahora se sitúa cerca del 30 por ciento, y el país cerró el 2024 con superávit por primera vez en más de una década. Sea cual sea el costo de la transición, estos son los primeros resultados concretos que el libertarismo ha generado en décadas.
También es sumamente frágil. Las Cortes revocan los decretos, las legislaturas hostiles los bloquean y la próxima administración puede simplemente anularlos. La austeridad unilateral corre el riesgo de provocar la misma reacción electoral que derrocó los anteriores experimentos de moneda sólida. Convertir la estabilización económica en libertad permanente requiere la estrategia de desinversión de activos mencionada anteriormente: antes de eliminar un subsidio, entregar a las personas que lo pierden una participación directa, que genere dividendos, en el activo privatizado que lo reemplaza. Cambiar la dependencia del Estado por la propiedad privada desarma a la oposición y da el tiempo necesario para convertir los decretos de emergencia en leyes duraderas antes de que se cierre la ventana política.
El imperativo del terreno en disputa
El sistema fiat está chocando con su propia aritmética. La deuda global superó los 348 billones de dólares en 2025, y los bancos centrales se enfrentan a una disyuntiva que no pueden eludir para siempre: subir las tasas y arriesgarse a una crisis soberana, o seguir monetizando la deuda y acabar con la moneda. Algo tiene que ceder.
El sistema sustituto no lo diseñará quien tenga el mejor argumento, sino que lo construirá quien realmente se presente. Los libertarios deben estar presentes en las legislaturas, en el diseño de la privatización, en la reforma monetaria y en la infraestructura física necesaria para la salida.
No existe un estado de reposo definitivo, solo una contienda continua por las instituciones que deciden cómo se resolverá la próxima crisis. La libertad nunca fue un experimento mental. La construyen personas dispuestas a ejercer el poder sin convertirse en aquello que reemplazaron.
